La lucha por el hábitat se gana con organización popular y voluntad política

Participantes de América, África, Europa  y Asia intercambiaron  instrumentos políticos y jurídicos por el hábitat popular en mesa de trabajo.

Este jueves las distintas organizaciones sociales participantes del capítulo Hábitat y Vivienda del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo estuvieron intercambiando herramientas políticas y jurídicas conquistadas para la lucha por el hábitat popular.

Durante este encuentro, voceras y voceros de algunos países expusieron los avances alcanzados,  producto de sus luchas: En este sentido, experiencias como la  moratoria de desalojos en Italia, la conquista de un Ministerio de Vivienda en República Dominicana, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires en Argentina, la lucha por la aprobación de leyes para la producción social del hábitat popular en Argentina y Brasil, legislación en derechos humanos de la Constitución de la Ciudad de México, la Ley 341 para la autogestión de vivienda de Ciudad de Buenos Aires, la ley de cooperativas de Uruguay, la Ley de Despejo Zero aprobada esta semana en Brasil, programas de acceso a la vivienda como “Mi Casa, Mi Vida” del mismo país, la lucha en India para que la vivienda sea considerada un derecho, la lucha por la incorporación del derecho a la vivienda en la Constitución del Perú y en el proceso constituyente de Chile, y la moratoria de desalojos y leyes de política nacional como la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos de Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En las exposiciones se pudo confirmar a Latinoamérica como un territorio de vanguardia en relación a estos avances. En otros  países se reflejó retroceso o estancamiento, ya que aún contando con algunos programas de vivienda parciales, la misma no está considerada como un derecho humano indispensable en la legislación. En otros casos, se tienen los instrumentos legales, pero no se concreta en la gestión pública por la negativa de algunos gobiernos a dar respuesta.

Un elemento a destacar es la generación de instrumentos propios de gran impacto y reconocimiento, como el Tribunal Internacional del Desalojo, que, si bien no forman parte de las estructuras formales como el Comité DESC y Relatoría Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, han logrado reconocimiento de actores sociales y políticos,  emitiendo recomendaciones y seguimientos de casos. En tal sentido se planteó la pertinencia de impulsar entre todas y todos, la revisión y actualización de las cartas mundiales o declaraciones del derecho a la vivienda, para impulsar que incluyan la producción del hábitat popular y el derecho de acceso al suelo como bien común.

Por último, se hizo énfasis en que estos instrumentos son avances de la lucha popular y que esta solo puede concretarse si contamos con organización y con voluntad política. La lucha no está ganada sólo incorporando el derecho al suelo, debemos progresar en la consolidación de bancos de suelo para enfrentar a los latifundistas urbanos, no podemos construir viviendas por autogestión por más que la práctica esté legalizada, si el financiamiento por viviendas va solo a las empresas privadas. Los ejemplos sobran, pero la respuesta sigue siendo dar la lucha social y política en defensa de un hábitat popular.

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